Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi

Madrid a 17 de diciembre de 2019
Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos

Una vez finalizada la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019 (COP25), cabe señalar las divergencias entre las posiciones de los científicos y parte de la sociedad con la de los Gobiernos nacionales, y la desunión para afrontar tareas comunes entre los distintos países representados, muy relacionada con las diferentes políticas reinantes y muy supeditada a los intereses económicos.

Como conclusiones se pueden citar: se da por asumida la evidencia que supone la amenaza del cambio climático con efectos en el conjunto del planeta, la certeza de que las soluciones deben estar basadas en la naturaleza y que la transición a una economía baja en carbono precisa de un comportamiento justo y equitativo entre países y entre colectivos sociales.

Las recientes iniciativas del Parlamento Europeo sobre la emergencia climática y ambiental y de la Comisión Europea con el Acuerdo Verde, es consecuencia de este nuevo escenario climático, y genera un punto de inflexión que tendrá como manifestación modificaciones en la legislación y normativa con repercusiones socioeconómicas que alcanzarán a todos los países miembros.

El hábitat principal de las poblaciones humanas tiende básicamente a un medio urbano y su capacidad de alteración abarca a todo el planeta; existiendo una evolución programada y sistemática de alejamiento de los ciclos biológicos de la naturaleza y de omisión imperceptible de los servicios gratuitos que nos aportan los ecosistemas naturales, convirtiéndonos en una especie cada vez más aislada del entorno natural al que se supedita.

La sociedad actual, altamente tecnificada, parece olvidar esta dependencia y, de la mano del uso pretendidamente inagotable de la biodiversidad, contempla una visión de dominio hasta la domesticación de la naturaleza, escenario utópico fomentado por sectores profesionales que se ven sorprendidos por fenómenos como el cambio climático y sus secuelas extremas de inundaciones y sequias, prescindiendo de la necesaria adaptación y convivencia a los ciclos y fenómenos naturales.

El contexto de profesionales como los biólogos especializados en medio ambiente se ve influenciado por la compleja y extensa legislación y normativa ambiental, característica que se aprovecha para fomentar su incumplimiento, o la búsqueda de formas de sortearla, o modificarla, por algunos profesionales, públicos y privados, acrecentando su incapacidad para aplicarla.

Por otra parte, se nota en la sociedad un escenario de confusión que va de la sensación de alarma injustificada a la negación irracional, ambas sin criterio ni fundamento, y propiciadas por profesionales sin preparación académica ambiental e incluso por personas no cualificadas y aficionados, como consecuencia de una divulgación genérica y una toma de decisiones no reglada que abarca al ámbito político y alcanza en sus consecuencias a la sociedad.

Al igual que se ha visto la necesidad de regular los aspectos básicos de las profesiones sanitarias tituladas (Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias) se debería considerar también la ordenación por Ley de las profesiones ambientales, ambas contempladas como razones imperiosas de interés general por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

No es comprensible que ciertas actividades estén reservadas para unos determinados profesionales y las actividades que generan efectos negativos sobre el entorno natural del que dependemos se deje en manos de aficionados; difícilmente nos dejaríamos operar a corazón abierto por otro profesional que no fuera un cirujano especialista o subiríamos a un avión que no estuviera conducido por un piloto.

Es preciso generar un cambio de paradigma y establecer una nueva forma de relacionarnos con nuestro medio natural que debe pasar por implicarnos en un compromiso global de todos los sectores económicos y de la sociedad, enmarcado en una responsabilidad compartida y justa entre los sectores público y privado, y en la que los profesionales del medio ambiente tenemos un papel primordial que debe ser regulado adecuadamente en los ámbitos Europeo y Estatal.